Una investigación que se extendió durante ocho años llevó a las autoridades colombianas hasta un presunto esquema de lavado de dinero que habría movilizado 2,3 billones de pesos colombianos vinculados con recursos del narcotráfico. El operativo dejó cinco personas capturadas y medidas sobre 36 bienes, entre propiedades, vehículos, empresas y establecimientos comerciales.
Las acciones se realizaron en Medellín y Barranquilla con participación de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación, la Policía Nacional y apoyo de la DEA. De acuerdo con la investigación, entre 2018 y 2026 el grupo habría utilizado nueve empresas y cuatro negocios relacionados con actividades como ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria e intermediación cambiaria para introducir y mover los recursos dentro del sistema financiero.
El presunto esquema también habría utilizado criptomonedas y billeteras digitales para canalizar, ocultar y convertir parte del dinero. Entre las operaciones detectadas aparecen movimientos con USDT y transferencias con empresas relacionadas con organizaciones de narcotráfico sancionadas por autoridades estadounidenses. Los investigadores señalan que parte de los recursos posteriormente era convertida en efectivo y que algunos fondos habrían sido destinados a la adquisición de propiedades y vehículos de alta gama.
Entre los cinco detenidos se encuentra Hugo Daniel Giraldo Santamaría, señalado como presunto líder del grupo, además de Carolina María Giraldo, Janeth Catalina Cano Santamaría, Johan Mateo Ruiz Orijhuela y Luis Andrés Ospina Ochoa, a quienes las autoridades atribuyen distintas funciones dentro del supuesto esquema. Durante los allanamientos también fueron aseguradas seis armas de fuego, cuatro de ellas presuntamente sin permiso de porte.
Como parte de las acciones contra los bienes relacionados con la investigación, fueron ocupados tres inmuebles en Envigado y Barranquilla, con un valor cercano a 2 mil 500 millones de pesos colombianos, además de medidas cautelares sobre otros 36 activos, entre ellos cuatro propiedades, 19 vehículos, nueve empresas y cuatro establecimientos. Las autoridades continúan investigando el origen y movimiento de los recursos, mientras que los cinco capturados mantienen su derecho a la presunción de inocencia y su responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales.
