La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó enfáticamente que el proceso penal en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obedezca a una persecución o "venganza política", asegurando que se trata de un expediente estrictamente criminal por contrabando de hidrocarburos e ilícitos fiscales.
La mandataria reaccionó así a los señalamientos del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) —mismo que integran expresidentes como Felipe Calderón, José María Aznar y Álvaro Uribe—, quienes expresaron su inquietud por el arresto del exmandatario estatal atribuyéndolo a un supuesto deterioro del Estado de derecho en el país.
Sheinbaum llamó a revisar los avances e informes presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) antes de calificar la acción de la justicia, sosteniendo que existen elementos suficientes que sustentan las decisiones judiciales adoptadas.
De acuerdo con las indagatorias de la FGR, Ruffo Appel fue vinculado a proceso junto a otras siete personas el pasado 23 de julio por un juez federal, imputándoseles probables delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.
La investigación judicial se originó a partir del hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila, caso desde el cual las autoridades identificaron un esquema estructurado que importaba combustible declarando únicamente el 10 % de su volumen real.
Mientras que dirigentes de la oposición y el Grupo IDEA insisten en que la detención responde a presiones de carácter político, el exgobernador había rechazado cualquier irregularidad antes de su aprehensión y afirmó estar dispuesto a colaborar con la justicia.
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