El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Luis Ángel Hurtado Razo, advirtió que el creciente impacto de las redes sociodigitales ha transformado la participación política y representa un desafío para la estabilidad de los procesos democráticos. Señaló que, desde 2016, el uso de herramientas digitales para influir en elecciones y consultas ciudadanas ha evidenciado la necesidad de fortalecer la capacidad crítica de la población frente a la información que circula en internet.
El académico recordó que fenómenos como la difusión de noticias falsas y el uso de cuentas automatizadas tuvieron un papel relevante en acontecimientos como el plebiscito por la paz en Colombia, el Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. A partir de estos casos, explicó, surgieron alertas sobre la facilidad con la que la desinformación puede influir en la opinión pública y en la toma de decisiones ciudadanas.
Hurtado Razo destacó que el acceso a internet ha crecido de manera considerable en la última década y que, en México, siete de cada diez personas cuentan con conexión. Sin embargo, subrayó que persisten importantes diferencias en la calidad del servicio entre regiones del país, lo que mantiene vigente la brecha digital, especialmente en estados con menor infraestructura tecnológica.
El especialista también señaló que México figura entre los países latinoamericanos donde la población pasa más tiempo conectada a internet, por lo que consideró necesario promover un consumo equilibrado de información que incluya otros medios como la radio, la televisión y la prensa. En ese contexto, planteó que la alfabetización digital y mediática debe convertirse en una política pública para fomentar una ciudadanía mejor informada y fortalecer la democracia.
Finalmente, el investigador advirtió que una regulación excesiva de internet no garantiza una mayor libertad de expresión. Explicó que, en algunos países, las medidas para combatir la desinformación han sido utilizadas para restringir voces críticas, por lo que consideró que el reto consiste en encontrar un equilibrio entre el combate a las noticias falsas y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.