El derecho a una muerte digna ha entrado formalmente a la agenda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el Pleno decidiera atraer un juicio de amparo que busca abrir el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido en México.
Ambos procedimientos se mantienen prohibidos por el Código Penal Federal, la Ley General de Salud y las legislaciones locales.
La intervención del Máximo Tribunal fue impulsada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y el ministro Irving Espinosa, a raíz del amparo indirecto 147/2026. Dicho recurso fue promovido por una tanatóloga que enfrenta un segundo diagnóstico de cáncer de mama.
Ante esta situación, el Pleno consideró que el caso es la oportunidad idónea para establecer un criterio inédito sobre la autonomía de los pacientes en etapa terminal y la regulación de los cuidados paliativos.
La discusión constitucional se centrará en evaluar si las leyes actuales vulneran la libertad de los ciudadanos al sancionar penal y sanitariamente a quienes deciden cómo y cuándo concluir su ciclo de vida, imponiendo la muerte natural como única alternativa legal.
Respecto al panorama internacional, el ministro Arístides Guerrero señaló que este avance ya se ha consolidado en países como Países Bajos, Bélgica, Canadá y Suiza. En América Latina, Colombia fue pionero al despenalizar la eutanasia en 1997 y el suicidio asistido en 2022, mientras que naciones como Alemania e Italia cuentan con resoluciones similares para casos específicos.
Este paso legal responde también a una demanda histórica de activistas como Samara Martínez y de la organización Derecho a Morir con Dignidad, quienes buscan reformar las restricciones del artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud enfocadas en el "homicidio por piedad".
La revisión judicial llega en un momento de amplio respaldo social, pues según la Segunda Encuesta de la Investigación en Salud y Demografía (INSAD), el 70% de los mexicanos aprueba acelerar el proceso de fallecimiento cuando una enfermedad causa un sufrimiento incompatible con una vida digna.
Tras registrarse únicamente el voto en contra de la ministra María Estela Ríos, el expediente fue asignado a un ministro ponente, quien elaborará el proyecto de resolución definitivo que será sometido a votación formal.
